Esta nueva prórroga supone un costo de más de 5.000 millones de euros

    MADRID, 19 Ene.

    Gobierno, sindicatos y patronal han alcanzado un nuevo pacto para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo con arreglo a la última propuesta efectuada por el Ejecutivo, que contempla la prórroga de todos y cada uno de los ERTE sin precisar nuevas autorizaciones administrativas.

    La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha valorado que los agentes sociales "no hayan agotado" el tiempo de negociación y que se haya actuado "con responsabilidad para dar certeza a empresas y trabajadores".

    "Para empresarios, favorecemos ayudas y transmitimos certidumbres, y la primera cosa que hay que hacer es asegurar el tejido productivo tal como lo tenemos en la actualidad", ha apostillado Díaz, tras trasladar a los trabajadores "calma" y dejar en claro que de esta crisis no se puede salir con más pobreza, precariedad o bien de peores condiciones. "Le digo a trabajadores que este nuevo pacto deja deambular la crisis económica más dura que nunca hayamos conocido", ha enfatizado.

    También, en materia de protección social ha dicho que se sostienen los niveles de protección para parados si bien carezcan de los requisitos de falta. "Sostenemos y prorrogamos las medidas de protección para un colectivo que ha sido fuertemente golpeados", ha destacado, tras apuntar que asimismo continua la prohibición a las compañías acogidas a ERTE de despedir a lo largo de 6 meses.

    El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha agradecido por su lado la labor de los interlocutores sociales "por haber creado este tiempo de entendimiento" que ha tolerado que "con la suficiente antelación podamos anunciar este acuerdo".

    El Ejecutivo puso encima de la mesa un nuevo texto y el pacto quedó solamente pendiente de que los órganos de dirección de sindicatos y patronal diesen su visto bueno al mismo.

    El Comité Ejecutivo de la patronal que dirige Antonio Garamendi ha dado esta mañana su respaldo, unánimemente, al documento del Gobierno y Cepyme ha hecho lo mismo esta tarde.

    Por su lado, CCOO y Unión General de Trabajadores, que esta mañana no daban el pacto por cerrado a la espera de que se resolvieran "ciertos flecos", ya han comunicado su aval al último documento del Ejecutivo, conforme han señalado Escrivá y Díaz.

    De esta manera, Gobierno y agentes sociales vuelven a lograr por pacto pleno una nueva prórroga de los ERTE, que sostendrá en términos muy afines la regulación actual, dejando como estaba el compromiso de mantenimiento del empleo a lo largo de 6 meses pese a las demandas de las patronales para flexibilizarlo.

    La última propuesta presentadad por el Gobierno proponía la prórroga de todos y cada uno de los ERTE sin precisar nuevas autorizaciones administrativas, lo que ahorrará costos de administración y burocráticos.

    Al tiempo, introduce un mecanismo automático de cambio entre los llamados ERTE de óbice y de restricción a fin de que se pueda deambular entre los dos géneros de ERTE sin precisar autorización administrativa.

    En cuanto al resto, el planteamiento del Gobierno es renovar en bloque todos y cada uno de los mecanismos actuales de protección de trabajadores y empresas, aunque no se descarta que se sumen nuevos ámbitos a la categoría de 'ultraprotegidos'.

    "El marco de ERTE que se ha aprobado, en lo substancial, sostiene el modelo que ha estado actual estos últimos 4 meses", ha añadido Escrivá.

    De esta forma, la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE sostiene el compromiso de mantenimiento del empleo y la prohibición a las compañías que hagan ERTE de despedir, repartir dividendos y efectuar horas excepcionales.

    Los trabajadores perjudicados por ERTE proseguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de falta, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70 por ciento de la base reguladora.

    Los dos ministros han apuntado que esta nueva prórroga supone un costo de más de 5.000 millones de euros. Conforme los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre estaban en ERTE más de 755.610 trabajadores, si bien en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones.


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