PALMA, 20 Ene.

    Los alcaldes y alcaldes de MÉS per Mallorca han criticado este miércoles las "trabas" técnicas y legales para poder dar una contestación "veloz y ágil" a las necesidades actuales derivadas por la crisis social y económica que ha provocado la Covid-19.

    Los ediles de la capacitación ecosoberanista han reclamado "más respeto a la autonomía municipal" como mejoras y cambios legislativos que dejen enfrentar la situación con una mayor amplitud de miras.

    El organizador de MÉS, Antoni Noguera, ha comparecido este miércoles en conferencia de prensa al lado de los alcaldes de Deià y Esporles, Lluís Apesteguia y Maria Ramon.

    Han lamentad la injerencia que suponen ciertas propuestas, como la de instar a los municipios a rebajar tasas municipales. En este sentido, Apesteguia ha insistido en el hecho de que la solución más eficaz pasa por el hecho de que el Estado apruebe "medidas que realmente asistan las compañías y no al bajar ciertos impuestos municipales".

    El regidor de Deià ha recordado que la propuesta de bajarlos cuenta con informes de la Felib y de la Hacienda que cuestionan su legalidad.

    En este sentido, MÉS, "desde la fidelidad institucional" mantiene que cada administración debe aceptar sus competencias.

    La capacitación ecosoberanista ha recordado al Govern la obligación de aceptar su papel ejecutivo como actuar de interlocutor con el Estado.

    "La Ley de bases locales, la Ley de Haciendas Locales y la ley de Contratación Pública son una loseta que hay que mudar, unos obstáculos legales que se agregan a la infrafinanciación histórico o bien que el REIB no se haya desplegado totalmente "y que ahora dejaría contar con de ayudas claras y directas para asistir a las compañías que tanto lo necesitan".

    Con todo, la regidora de Esporles ha protegido que desde el primer instante "los municipios han hecho en frente de la situación sin escatimar ningún recurso, ni humano ni material".

    No obstante, Ramon ha censurado la carencia de claridad por la parte del estado y ha instado el ejecutivo de España a aclarar el marco legislativo.


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