La Oficina recuerda que donde hay recursos públicos y capacidad de decidir sobre su asignación "siempre y en todo momento hay un peligro de que alguien abuse de esta situación para conseguir un beneficio particular"

    PALMA, 11 Feb.

    La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares ha considerado este jueves que tiene competencias "suficientes y adecuadas" para examinar los presuntos casos de vacunación irregular que sean denunciados o bien cuya investigación le confíe el Parlament tirotear.

    Desde la Oficina han expuesto que las vacunas forman un recurso sanitario financiado con fondos públicos y son distribuidas y administradas bajo responsabilidad de las instituciones públicas. Aparte de ser, en estos instantes, "un recurso escaso".

    Cabe rememorar que el Conjunto Popular presentó un escrito a la Mesa del Parlament para instar a la Oficina Anticorrupción a comenzar una investigación con relación al cumplimiento del protocolo de vacunación contra la COVID-19 seguido en lo que se refiere a la vacunación de cargos públicos en la comunidad autónoma.

    De esta forma, Anticorrupción ha recordado que donde hay recursos públicos y capacidad de decidir sobre su asignación "siempre y en todo momento hay un peligro de que alguien abuse de esta situación para conseguir un beneficio particular".

    "Los casos que se han ido conociendo sobre diferentes categorías de servidores públicos y otros colectivos que han recibido la vacuna ya antes que llegase su turno o bien que han facilitado hacerlo posible, prueban que la integridad y la moral son piezas esenciales en la administración de los temas públicos y que hay que actuar preventivamente", ha asegurado la entidad en un comunicado.

    El directivo de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, ha explicado que había dudas sobre las competencias de la entidad en este sentido, pues se trata de un tema donde hay "una frontera muy tenue" entre lo que son cuestiones morales o bien morales y cuestiones administrativas o bien legales.

    Conforme con Far, en los casos más graves se podría haber llegado a cometer infracciones disciplinarias de las previstas en la Ley de Trasparencia, consistentes en usar la situación pública para lograr ventajas.

    Sobre la propuesta del Partido Popular, Far ha indicado que va a haber que examinar los casos y ha añadido que, si la propuesta del Partido Popular es una investigación de todo el proceso, "significa mucha información".

    FIJAR "UNAS REGLAS DE JUEGO CLARAS Y TRANSPARENTES"

    En este sentido, la Oficina ha expresado que para una administración precautoria del peligro de vacunaciones irregulares hay que fijar "unas reglas de juego claras y transparentes" y ha hecho un llamamiento a las autoridades a fin de que, partiendo de la Estrategia de vacunación, "se establezca un segundo nivel de concreción de los protocolos generales que anticipe la realidad con que pueden encontrarse los gestores y ejecutores de los procesos de vacunación".

    "Puesto que difícilmente se va a poder prever una contestación para todas las situaciones y también incertidumbres que se presenten, la Oficina estima que es preciso administrar referentes de consulta o bien asesoramiento para casos inciertos o bien problemáticos", ha señalado.

    Por último, la entidad ha indicado que "las vulneraciones en este inusual proceso no deben quedar sin una contestación proporcionada a la gravedad de la infracción anteriormente prevista en las normas", puesto que "en caso contrario, se podría producir una percepción de impunidad que contribuiría a perpetuar el peligro que se pretende evitar".


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