La Comunidad deberá suprimir la referencia a la posible fijación, por la parte de la Administración, del coste en sus compras por tanteo y desdigo en operaciones entre grandes tenedores

    PALMA, 8 Abr.

    Baleares y el Gobierno de España han cerrado un pacto para eludir un recurso de inconstitucionalidad a un decreto de medidas en materia de residencia aprobado por el Govern un poco antes de la pandemia.

    Se trata de un decreto que, entre otras muchas medidas, fuerza a los bancos a ofrecer alquiler social ya antes de desahuciar, establece la cesión de suelo público para edificar VPO con recursos privados y deja al Govern intervenir a través de de tanteo y desdigo en operaciones entre grandes dueños.

    El pacto se ha publicado este jueves en el Folleto Oficial del Estado (BOE) y el de la Comunidad Autónoma (BOIB). Incluye un total de 6 puntos sobre cuestiones interpretativas o bien con compromisos por la parte de la Comunidad para alterar el texto.

    Uno de estos compromisos afecta a las compras por tanteo y desdigo por la parte del Govern en operaciones entre grandes tenedores. El decreto, que fue ratificado en el mes de abril de 2020 por el Parlament, da al Govern el derecho preferente de adquiere en el momento en que un gran tenedor pretende vender sus residencias a otro gran dueño.

    En este sentido, Baleares deberá alterar la normativa para quitar la referencia a la posible fijación, por la parte de la Administración, del costo y las condiciones de adquiere. Se establece que el derecho de desdigo se ejercitará siempre y en toda circunstancia por exactamente el mismo costo y en exactamente las mismas condiciones en las que se generara la transmisión entre los grandes dueños.

    Exactamente, este año el Govern adquirió los 8 primeros pisos a través de tanteo y desdigo conforme lo estipulado en el decreto. En un caso así la adquisición se hizo por exactamente el mismo costo ofertado, con una media de 112.576 euros por piso. Los inmuebles se incorporan al parque del Instituto Tirotear de la Residencia (Ibavi), y se prevé acrecentar estas adquisiciones a lo largo del año.

    Entre otros muchos puntos, otra modificación que el Govern deberá introducir hace referencia a la obligación de los grandes dueños de ofrecer alquiler social ya antes de ejecutar un desahucio. El texto va a deber aclarar que, una vez formulada la oferta de alquiler social, si los perjudicados la rechazan el dueño no va a ser sancionado administrativamente.

    AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA

    Por otra parte, la comisión a dos bandas entre el Estado y Baleares asimismo ha abierto negociaciones para solucionar discrepancias sobre otro decreto, en un caso así uno aprobado en el último mes del año sobre medidas de agilización administrativa para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19.

    La polémica hace referencia a un artículo sobre la adquisición hospitalaria de fármacos genéricos, biosimilares o bien de marca, entre otros muchos aspectos.


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