PALMA DE MALLORCA, 9 Dic.

    Baleares considerará sanción grave tanto si una celebración se realice tal y como si no en frente de las medidas puestas en marcha para frenar la evolución de la pandemia en Baleares.

    En conferencia de prensa tras el Consell de Govern, la portavoz Pilar Costa ha detallado este miércoles que se ha aprobado el Decreto Ley 14/2020, de medidas urgentes en ciertos campos de actividad administrativa, que habrá de ser valida.

    Este decreto ley, que deberá ser ratificado por el Parlament, se ha aprobado a propuesta de las consellerias de Hacienda y Relaciones Exteriores; Modelo Económico, Turismo y Trabajo; Temas Sociales y Deportes; Salud y Consumo; Medio ambiente y Territorio; Agricultura, Pesca y Nutrición, y Administraciones Públicas y Modernización.

    La nueva regla implicará, primeramente, la modificación del Decreto Ley 11/2020, el que establece un régimen sancionador concreto para hacer en frente de las disposiciones dictadas para mitigar los efectos de la crisis causada por la COVID-19.

    La experiencia en la tramitación de estos procedimientos sancionadores ha puesto de relieve la necesidad de aclarar que asimismo se deben estimar infractoras las personas que han comercializado o bien organizado asambleas, fiestas o bien otros actos en los que se generen aglomeraciones.

    También, se altera la calificación de infracción muy grave o bien grave dependiente de si esta aglomeración se ha producido o bien no. Por consiguiente, la infracción va a ser muy grave si el acontecimiento se ha festejado y va a ser grave si esta celebración no se ha efectuado.

    Estas modificaciones asimismo hacen preciso un cambio en la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de Baleares. Desde este momento, el personal inspector de la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, que asimismo es encargado de aplicar el decreto de sanciones, se va a poder identificar en el acta de inspección a través de el código de identificación que consta en su carnet profesional, de igual modo que lo hacen otros cuerpos como la Policía Local, y de esta manera va a poder sostener su amedrentad y seguridad.

    Otra regla que altera este nuevo decreto es la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y excepcionales para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el campo de las administraciones públicas de Baleares para mitigar los efectos de la crisis causada por la COVID-19.

    Concretamente, se introduce un cambio en el artículo 18, relativo a la adquisición hospitalaria de fármacos genéricos, a fin de que asimismo se incluyan otros fármacos financiados, como son los biosimilares y de marca.

    Además de esto, se alteran otras cuestiones a fin de que la adquisición se pueda efectuar de una manera más eficaz y conveniente, desde una perspectiva sanitaria, que prioriza las necesidades de los pacientes.

    Además de las cuestiones relacionadas con el tratamiento de la pandemia, el Decreto Ley 14/2020 asimismo altera otras reglas sectoriales. Una de estas reglas es el Decreto 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas.

    Con esta modificación, el Govern capacitará a los ayuntamientos perjudicados por esta regla --Palma, Calvià, Llucmajor y Sant Antoni de Portmany-- para gestionar las demandas que se generen fruto de la actividad inspectora. Hasta el momento, solo el Govern gestionaba estas demandas.

    Así, desde este momento los cuerpos inspectores de estos 4 municipios van a poder no solo efectuar la actividad inspectora pertinente, sino asimismo van a poder gestionar las demandas fruto de esta actividad, si lo pide cualquiera de los ayuntamientos perjudicados.

    La meta de capacitar a los municipios para gestionar demandas es fortalecer el promuevo del civismo, adoptar medidas de protección del destino y eludir los excesos derivados de un consumo excesivo de alcohol en estas zonas. La meta de esta modificación es incidir en una mejor eficacia de la administración pública y quitar duplicidades administrativas.

    Por otro lado, la regla aprobada incluye la modificación del Decreto Ley 10/2020, de 12 de junio, de posibilidades sociales de carácter económico de Baleares, con el propósito de facilitar la tramitación y la administración de la renta social garantizada como prestación subsidiaria del ingreso mínimo vital (IMV).

    De esta forma, el Govern se amolda a la situación provocada por la administración del IMV, que se está resolviendo muy de manera lenta, en términos no previstos en un inicio por la ley estatal.

    La renta social garantizada (RESOGA) es subsidiaria de cualquier otra prestación económica. Ello implica que si un ciudadano está en su derecho a otra prestación lo debe pedir ya antes de solicitar la RESOGA. Sin embargo, debido a la lentitud que se está generando en la tramitación del IMV, se altera el Decreto Ley 10/2020 para facilitar el abono de la prestación y eludir posibles situaciones de necesidad de personas que, por múltiples razones, no pueden acceder al IMV por el hecho de que están pendientes de la resolución del Gobierno.

    Con el texto aprobado, se va a poder cobrar la RESOGA si bien aún no se disponga de una resolución negativa de la petición del IMV, una situación que hoy en día afecta a más o menos 350 familias de Baleares.

    Del mismo modo, debido al retraso en las resoluciones del IMV, se prorroga el cobro de las posibilidades de la renta mínima de inserción hasta el 31 de marzo de 2021, al paso que hasta el momento estaba previsto que el plazo terminara el 31 de diciembre de 2020.

    Otra regla que se altera con este decreto ley es la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de Baleares. El propósito es que la cesión del patrimonio de las cámaras agrícolas, que efectúa el Fondo de Garantía Agraria y Pesquera (Fogaiba), incluya todo el patrimonio, pues la redacción actual de la Ley solo mienta los bienes raíces. De esta forma, se facilita el procedimiento, que se está efectuando, como la llegada a un acuerdo con todos y cada uno de los posibles cesionarios.

    Además de esto, el Decreto ley aprobado incluye un nuevo precepto relativo al patrocinio institucional, para dar seguridad jurídica a esta figura y dotarla de más trasparencia y publicidad. Así, establece que estos contratos se deben hacer desde un pliego de condiciones y en régimen de concurrencia pública.

    En los casos en los que esta concurrencia no sea compatible con la naturaleza y el objeto del contrato, se puede recurrir al procedimiento negociado sin publicidad regulado en la legislación de contratos del ámbito público o bien, si procede, al contrato menor, si el valor del contrato lo deja.

    Por último, se altera la redacción de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen concreto de tasas de la comunidad autónoma, para aunar las tasas anuales que se pagan para hacer buceo en las reservas marinas. Así, se establece una tasa unificada de 20,96 euros al día o bien 471,52 euros por año en todas y cada una de las reservas, salvo las de la isla de El Toro y las de las Illes Malgrats, que van a ser de 52,4 euros por día/isla.


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