Los autónomos en módulos van a poder percibir hasta 3.000 euros y las ayudas alcanzarán hasta los 200.000 euros por empresa

    MADRID, 12 Mar.

    El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto-ley de medidas urgentes para asegurar la solvencia de las compañías, que va a contar con un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas, 2.000 millones solo para Canarias y Baleares, las 2 comunidades más perjudicadas por la pandemia por el mayor peso del turismo.

    De este modo lo ha trasladado la vicepresidenta tercera y ministra de Temas Económicos, Nadia Calviño, al término de la junta extraordinaria del Consejo de Ministros, quien ha precisado que estos 7.000 millones se van a poder destinar al pago de gastos fijos, deudas de distribuidores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros, para eludir que el sobreendeudamiento empresarial lastre la restauración.

    De este importe total, 2.000 millones se destinarán solamente a Canarias y Baleares, por ser las más golpeadas por la pandemia, y el resto, 5.000 millones, van a ir al resto de comunidades y urbes autónomas.

    CAÍDA DEL 30 por ciento DE LA FACTURACIÓN

    Específicamente, este bulto financiero, que administrarán las comunidades autónomas, se va a tratar de ayudas directas no reembolsables de carácter finalista, que se van a poder destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con distribuidores, como el pago de gastos fijos o bien deudas financieras y no financieras, siempre y cuando la caída de la facturación sea cuando menos un 30 por ciento con respecto a la de 2019.

    A las medidas, aclaró Calviño, van a poder acogerse pequeñas y medianas empresas y autónomos de 100 actividades económicas diferentes, que van a poder compensar, como máximo, el 40 por ciento de la caída auxiliar de ingresos en el caso de pequeñas y medianas empresas y micropymes, y hasta un 20 por ciento para el resto de empresas.

    Concretamente, los autónomos que tributan en módulos van a recibir hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de empresas, importes que van a poder elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre y en toda circunstancia en los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

    Así como el bulto de ayudas directas, el decreto contempla asimismo una línea de 3.000 millones que administrará el ICO para extender los plazos de los acredites y el importe de exactamente los mismos, que dejarán transformar los crédito en préstamos participativos, como conceder trasferencias directas a pequeñas y medianas empresas y autónomos para reducir el primordial. Para esto, se aprobará un nuevo Código de Buenas Prácticas en el ámbito bancario.

    Finalmente, el real decreto incluye un fondo de recapitalización de 1.000 millones de euros, gestionado por Cofides, que complementa el fondo de 10.000 millones de SEPI, que se destinará a fortalecer el cómputo de las compañías y que forzará a estas empresas a sostener la actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no van a poder ni repartir dividendos ni acrecentar la retribución de la alta dirección en un par de años.


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