PALMA DE MALLORCA, 17 Oct.

    El Govern tirotear destina 30 millones de euros por año a batallar contra la pobreza por medio de rentas a familias --renta social garantizada y la renta mínima de inserción-- y el apoyo económico a las entidades del Tercer Ámbito.

    Conforme ha informado la Conselleria este sábado en nota de prensa, en posibilidades económicas a familias se destinan una media anual de 24 millones de euros, de los que 20 millones corresponden a la Renta Social Garantizada (Resoga), puesta en marcha en 2016, y de la que se favorecen cerca de 8.500 familias, lo que suponen más de 12.500 adjudicatarios.

    Por otra parte, en esta línea de ayuda a combatir contra la pobreza se destinan 4 millones de euros a la Renta Mínima de Inserción (RMI) que administran los consells insulares y que llega a 1.500 familias.

    La otra de las líneas de lucha contra la pobreza es el espaldarazo económico a las entidades del Tercer Ámbito, las que reciben del área de Temas Sociales y Deportes del govern 6 millones de euros anuales vía convocatoria pública subvencionando proyectos destinados a combatir contra la pobreza

    Sobre estas ayudas se ha pronunciado este sábado la consellera de Temas Sociales y Deportes, Fina Santiago, quien ha protegido que se deben hacer políticas públicas desde servicios sociales para procurar reducir el impacto de la pobreza sobre las familias pese a que las políticas más eficaces para pelear contra la pobreza son la protección del trabajo, los salarios dignos y la estabilidad laboral.

    En este sentido, ha remarcado la consellera Santiago, la pobreza viene condicionada eminentemente por el modelo económico de las Islas y la precariedad del mercado de trabajo como por el alto costo de la residencia.

    Por esta razón, ha hecho hincapié, este año, a raíz de la COVID, el presupuesto a la lucha contra la pobreza se ha aumentado en 9 millones.

    Así, ha recordado Santiago, se aprobó una Renta Social Excepcional para quienes se habían quedado sin ingresos a lo largo del Estado de Alarma y una prestación económica inusual --por medio de entidades sociales para aquellas personas que se hallan en una situación administrativa irregular, como mujeres que ejercitan la prostitución y trabajadores--. Estas acciones excepcionales dieron cobertura a 8.000 familias a lo largo de un par de meses.


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