PALMA DE MALLORCA, 21 Dic.

    El Govern abalear y Habtur han decidido este lunes cooperar de forma conjunta en la identificación de clientes del servicio para supervisar el cumplimiento de las reglas anti COVID-19 en el alquiler vacacional.

    En una nota de prensa, la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo ha informado de la asamblea de su conseller, Iago Negueruela, acompañado de la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, con la gerente de la Asociación de Residencias de Alquiler Turístico de las Islas Baleares (Habtur), Maria Gibert.

    La Conselleria ha recordado que el paso de Mallorca a nivel 4 de peligro extremo en frente de la COVID-19 implica la adopción de una serie de medidas de protección concretas, como que las asambleas familiares y sociales no puedan superar las 6 personas de 2 unidades familiares como máximo, tanto dentro de las casas como en el exterior, tal como ha detallado Castro a lo largo del encuentro.

    En esta línea, tanto Negueruela como Castro han insistido "en la necesidad de que el campo del alquiler vacacional cumpla con estas medidas" de la misma manera que sucede con las casas particulares, con la meta de frenar la expansión de la enfermedad.

    El Govern verificará el cumplimiento de las reglas mediante los registros de entrada de cada inmueble que desarrolle la actividad del alquiler vacacional, primordialmente a través de la verificación de los documento de identidad.

    De este modo, se va a poder revisar "de forma veloz y eficaz" si los inquilinos del inmueble objeto del alquiler pertenecen a más de 2 domicilios diferentes, lo que supondría una infracción de las reglas y acarrearía la consecuente sanción.

    Exactamente el Consell de Govern ha aprobado este lunes la modificación del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador concreto para hacer en frente de los incumplimientos de las disposiciones dictadas para mitigar los efectos de la crisis causada por la COVID-19.

    Así, a lo largo del nivel 4 de alarma las infracciones consideradas leves y graves van a poder pasar a ser consideradas como graves y muy graves, respectivamente, y las posibles sanciones van a ir desde 60.000 hasta 600.000 euros. Asimismo va a haber la posibilidad de ordenar el cierre del establecimiento por un periodo máximo de 3 años.

    Esta modificación en la gradación de las sanciones se va a aplicar en las islas cuando lleguen al nivel máximo de alarma sanitaria con la meta de acrecentar el grado de cumplimiento de las medidas precautorias y contribuir de este modo a eludir las situaciones que favorecen los contagios.


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