PALMA, 15 Jun.

    El Juzgado de lo Social número 3 de Palma ha rechazado la demanda de los profesionales de informativos de IB3 por presunta cesión ilegal de trabajadores, un procedimiento con el que pretenden demandar la internalización como empleados directos del ente.

    Tras conocer la sentencia, desde el Comité de Empresa han adelantado que prevén recurrir el fallo frente al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

    La sentencia llega días tras anunciar los trabajadores una nueva huelga para protestar contra los "abusos" de la contrata y demandar la internalización.

    El juicio se festejó el pasado noviembre y hay otros procedimientos afines en marcha. Los demandantes en este primer caso son 9 miembros del comité de empresa y la trabajadora de mayor antigüedad de IB3, que presentaron demandas individuales.

    Tanto la precedente adjudicataria del contrato -Liquid Media- como el ente público se opusieron a la demanda. Desde el ente de radiotelevisión negaron que los trabajadores tengan "ningún género de dependencia orgánica ni funcional" con respecto a IB3, conforme recoge la sentencia.

    El contrato de Liquid Media con IB3 englobaba los informativos de radio y T.V., los folletines horarios, las desconexiones de Pitiusas y Menorca y los programas 'Zoom', 'Illes i Pobles' y 'Meteo', como la página web de 'IB3 Notícies'. Los trabajadores demandantes son mayoritariamente articulistas y cámaras, mas asimismo hay otros perfiles como productores y realizadores.

    Estos profesionales piden ser internalizados en IB3 "tras 15 años de subcontratas que han provocado una enorme humillación de las condiciones laborales". El juicio llegó justo una vez que Liquid Media perdiese la nueva licitación de los informativos ante Dalton Audiovisual (Conjunto Lavinia).

    Años ya antes un Juzgado catalán dio la razón a los trabajadores de la TV municipal de Barna en un caso afín, y estimó que el régimen de contratas formaba un subterfugio de la sociedad municipal para eludir aplicar las condiciones de trabajo y salariales que corresponderían, una resolución que en 2016 confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).


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