PALMA, 25 Mar.

    La Comisión de Economía del Parlament abalear ha aprobado este jueves 2 proposiciones de ley, de Cs y de Unidas Podemos, con las que se solicita reducir el impacto de la subida del coste de la electricidad en familias y usuarios frágiles y combatir contra la pobreza energética.

    El miembro del Congreso de los Diputados de Cs Jesús Méndez ha criticado que "en el mes de enero se aumentara el costo de la electricidad a lo largo de la ola de frío, con cuarentenas, un toque de queda que fuerza a continuar muchas horas en los hogares y una grave crisis económica derivada de la pandemia".

    Por su lado, el miembro del Congreso de los Diputados de Unidas Podemos Alejandro López ha remarcado que "hoy la pobreza energética, desgraciadamente, cada vez está más extendida en los hogares, tanto en España como en Baleares".

    En la propuesta de Cs, el Parlament ha acordado demandar distintas medidas como "terminar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de electricidad y también hidrocarburos respectivamente, de la base imponible del IVA"; establecer un género de Impuesto sobre el Valor Añadido reducido mientras que dure la pandemia; reformar la tarifa eléctrica; y regular una garantía social de acceso a los suministros básicos.

    Aunque los puntos precedentes se han aprobado unánimemente, ha empatado, con el voto en favor de la oposición y contra los conjuntos del 'Pecte', un punto que solicitaba al Govern realizar con carácter urgente un Plan de Garantía de suministros básicos dirigida a prevenir, advertir y también intervenir ante situaciones de faltas en el acceso a los suministros básicos (luz, gas, agua) por la parte de los usuarios y familias de las Islas. La iniciativa concretaba estas medidas, incluyendo ayudas económicas directas y ccuerdos con las compañías suministradoras.

    LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

    Por otra parte, a propuesta de Unidas Podemos se ha aprobado instar al Govern a formar la Mesa para la Lucha contra la Pobreza Energética; impulsar planes de capacitación y también información al consumidor familiar que facilite el comprensión y control de las tarifas; pedir al Estado una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista, como la congelación de las tarifas de los usuarios familiares a diciembre de 2020, poniendo como referencian la renta media de las familias.

    La Comisión asimismo ha apoyado la creación de una comercializadora pública de energía a nivel estatal; recobrar la administración pública de centrales hidroeléctricas; reformar la factura eléctrica; desarrollar certificados de ahorro energéticos; impedir las 'puertas giratorias' cara las compañías energéticas; y efectuar una auditoría de costos de todo el sistema eléctrico nacional.

    Con todo, ha empatado un punto que solicitaba "impulsar la reforma del mercado eléctrico, aprobando un impuesto sobre el exceso de remuneración que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, para terminar con las ventajas caídos del cielo".

    Alejandro López ha advertido de que "se prosigue considerando la energía como un bien comercial y no como un bien de primera necesidad", con lo que "para pelear contra la pobreza energética hace falta mudar por completo la manera en la que se entiende o bien lo que significa la electricidad".


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