PALMA DE MALLORCA, 18 Nov.

    El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha aceptado a trámite un recurso contencioso-administrativo impulsado por Unión General de Trabajadores contra el recorte salarial del 2 por ciento a los funcionarios públicos autonómicos.

    De esta forma ha informado la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de Unión General de Trabajadores (FeSP-Unión General de Trabajadores) este miércoles en una nota de prensa. El recurso se dirige contra el pacto que adoptó en el mes de agosto el Consell de Govern, por el que se acrecentaban un 2 por ciento las remuneraciones básicas mas al unísono se reducían en exactamente el mismo porcentaje las complementarias.

    En la práctica, esto implica cancelar la subida contemplada en los presupuestos estatales y supone una congelación de los sueldos. Por este motivo, el sindicato comprende que el movimiento del Govern "infringe los principios de buena fe y seguridad jurídica".

    Además de esto, arguye que "se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva". ""El personal público de Baleares es al único de todo el Estado al que no se le ha actualizado el sueldo un 2 por ciento en 2020, tal como estaba acordado con las fuerzas sindicales", han denunciado.

    Unión General de Trabajadores ha aclarado que el recurso no entra en "el segundo recorte que desea implantar el Govern abalear sobre su personal público, el del 0,9 por ciento para el próximo año", por el hecho de que todavía no hay regla ni acto administrativo específico contra el que actuar judicialmente. De momento, está incluido en el proyecto de las cuentas de la Comunidad para 2021 y se notificó a los sindicatos en mesa sectorial.

    "De esta manera, el Govern abalear ha decidido de forma unilateral recortar un 2,9 por ciento el sueldo a los trabajadores de la Administración balear", ha lamentado FeSP-Unión General de Trabajadores.

    La central sindical ha calculado que el recorte del 2 por ciento supone de media unos 1.000 euros anuales a cada trabajador público de la comunidad en 2020, a lo que habría que sumar unos 475 euros por la rebaja del 0,9 por ciento planeada para 2021.

    MOVILIZACIONES

    Por esta razón, la Federación demanda abrir negociaciones con el Govern "para establecer un calendario de pago de obligado cumplimiento cuando la coyuntura económica de la comunidad mejore".

    Mientras que, Unión General de Trabajadores sostiene movilizaciones el lunes próximo, día 23, con una concentración a las puertas del Centro de salud de Son Espases, y por semana siguiente, el primer día de la semana 30 de noviembre, la queja se trasladará a la Conselleria de Educación.

    "FeSP-Unión General de Trabajadores ha probado en los instantes difíciles que se puede conjugar el interés general con el respeto a los derechos de los servidores públicos, mas jamás admitirá resoluciones unilaterales de un gobierno, sea del color que sea, que no de voz a los interlocutores sociales", ha concluido el sindicato.


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