PALMA, 22 May.

    La deuda pública de Baleares supone que cada hogar "debe" 24.751 euros, 7.360 por hogar, conforme un análisis de la Oficina Anticorrupción recogido en un informe sobre auditoría de la deuda, encargado por el Parlament.

    El cálculo se efectúa sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística de población y hogares y los datos del nivel de deuda pública de 2019. Teniendo presente la deuda pública de la Administración central y de la Seguridad Social, la deuda pública por persona asciende a 22.412 euros, que se aúnan a los 7.360 euros de la deuda pública autonómica.

    El informe estudia la evolución de la deuda de Baleares, que al cierre de 2019 se situó en 8.863 millones de euros, aunque al finalizar 2020 era de 9.120 millones, conforme los datos libres del Banco de España.

    La deuda pública de la Comunidad se ha multiplicado por 17 entre 2000 y 2018, la segunda con mayor factor de multiplicación tras Castilla-La Mácula (24,4).

    En el análisis del déficit o bien superávit en las operaciones de capital, el informe resalta que "sorprende por su magnitud la creciente brecha negativa entre la ejecución y la previsión inicial producida en los años de desarrollo del Producto Interior Bruto desde 2015, levemente corregida en 2019".

    En lo que se refiere a las operaciones corrientes, la Oficina remarca que "lejos de intentar lograr una reducción en el nivel de desarrollo de este género de gastos, la tendencia ha sido meridianamente ascendiente, sobre todo desde el año 2013 en el que empiezan a recobrarse los indicadores económicos principales".

    "Este desarrollo incesante hace realmente difícil una reducción en el nivel de endeudamiento, a menos que se genere un desarrollo todavía superior en los ingresos", alarma el organismo.

    EL "RIESGO MORAL" DE LA DEUDA PÚBLICA

    El documento, entregado este viernes al Parlament, medita sobre el "peligro moral" en los procesos de endeudamiento público, y lo equipara con las consecuencias intergeneracionales del cambio climático. "Las personas con más probabilidades de aguantar su peor parte, jóvenes o bien todavía no nacidas, son en buena medida diferentes de las que hoy día creamos el peligro del daño", apunta.

    De igual manera, de producirse un endeudamiento público, "las políticas de gasto actuales no se están financiando con ingresos públicos actuales, con lo que esas resoluciones de gasto van a tener una influencia sobre necesidades de ingresos públicos futuros cuyo costo económico no se sabe quién lo padecerá ni con qué intensidad".

    En este contexto, los políticos que administran estas resoluciones están "estimulados a no amortizarla deuda subiendo los impuestos a los ciudadanos actuales (que tienen su mano las resoluciones de voto), sino más bien 'dar una patada cara adelante' renovando vencimientos". "Este escenario es el más probable en tanto que políticamente produce menos rechazo, mas incorpora un peligro ética muy alto", razona la Oficina.


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