PALMA, 4 Mar.

    La expropiación de 56 residencias vacías de grandes dueños por la parte del Govern abalear podría contribuir a abaratar los alquileres, conforme el análisis del bufete jurídico Círculo Legal Barna.

    "Los dueños podrían llegar a arrendar a un coste más bajo para poder supervisar esa residencia y no permitir que entre en el registro oficial", ha indicado la asociada del bufete jurídico, Arantxa Goenaga.

    Conforme Círculo Legal, las residencias de los grandes tenedores "tendrían un peligro menor de quedarse desocupadas y, por consiguiente, de ser capaces para la cesión a colectivos vulnerables".

    Desde el bufete han recordado el funcionamiento de la Ley autonómica de Residencia, por el que se consideran capaces para entrar en el registro oficial las residencias desocupadas a lo largo de más de un par de años cuyos tenedores tengan más de 10 inmuebles o bien se dediquen a la promoción inmobiliaria o bien financiación de residencias, como en el caso de los bancos.

    Las 56 residencias recogidas en la resolución del Govern son propiedad de bancos o bien sociedades inmobiliarias, conforme notificó el conseller de Movilidad y Residencia, Josep Marí.

    Círculo Legal ha remarcado que para poder acceder a un piso desocupado y cederlo a una persona que lo necesite, "va a ser imprescindible acreditar que hay una necesidad real de esa vivienda".

    "No es como un piso de protección oficial, sino es para personas con singular vulnerabilidad: mínimos ingresos, violencia sexista, procedimientos de desahucios, retirados que no pueden acceder a la residencia en un régimen normal, entre otros", apunta Goenaga.

    La Ley, en un caso así, garantiza asimismo los suministros, como agua, luz, gas y telefonía, que se abonarán con los fondos de la bolsa económica preparada por el Govern abalear, conforme han explicado desde Círculo Legal.

    La asociada del despacho jurídico ha añadido que esta nueva medida "pone en foco otro discute en el campo de los derechos constitucionales", el de libre propiedad y el de residencia digna.

    "El Govern abalear actúa así por el hecho de que no tiene un parque de residencia suficiente para poder ofrecer alquileres a colectivos vulnerables", ha apuntado Goenaga, explicando que los dueños perjudicados pueden concluir interponiendo una demanda por la resolución.


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