MADRID, 4 Feb.

    La juez de Vigilancia Penitenciaria María del Prado Torrecilla Collada ha concedido a los 6 hermanos Ruiz-Mateos la semilibertad bajo control telemático al mejorarlos al tercer grado con aplicación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, una resolución que adopta contra el criterio de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía, que se pronunciaron en favor de que prosiguieran clasificados en segundo grado.

    Los 6 hermanos (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro) están condenados a un par de años y medio de cárcel por delito de estafa agravada, con inhabilitación singular para el ejercicio de actividades mercantiles y de comercio, y administración de sociedades mercantiles, a lo largo del tiempo de la condena, y multa a cada uno de ellos de 24.000 euros, con relación a la adquisición de 2 hoteles, uno en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

    Los hijos del fallecido José María Ruiz-Mateos, que fueron condenados por la Audiencia de Palma de Mallorca en el mes de julio de 2017 en un fallo que fue entonces rebajado parcialmente por el Tribunal Supremo, van a quedar ahora en semilibertad tras la resolución de la juez --con data de 3 de enero-- de prosperarles al tercer grado y también imponerles un control telemático, conforme han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

    Instituciones Penitenciarias rechazó el 18 de diciembre de 2020 el tercer grado que había propuesto la junta de tratamiento al no estimar una "evolución suficientemente favorable", y valorando las circunstancias procesales o bien penitenciarias, la gravedad de la planificación de la actividad delictiva, los procedimientos pendientes y el "escaso importe de la responsabilidad civil abonada".

    EVOLUCIÓN FAVORABLE

    La juez, no obstante, tiene presente la evolución y comportamiento de los internos, en cárcel desde abril de 2019, resaltando que los hechos delictivos se remontan a 2008 y que no fueron sentenciados por delitos graves, al tener penas inferiores a los 5 años.

    Tras rememorar que han pasado otros periodos en cárcel de antemano y que han hecho empleo de los permisos de salida sin incidentes, refuta al Ministerio Fiscal sobre la lejanía de las datas de cumplimiento, puesto que alcanzan las 3 cuartas partes en el mes de abril y liquidan la condena en el mes de diciembre del año vigente.

    La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de la villa de Madrid se fundamenta en la valoración de la junta de tratamiento de la cárcel de Aranjuez para aprobar el tercer grado con el 86.4 debido a los "múltiples factores positivos que concurren", citando el ingreso voluntario en cárcel, el cumplimiento de la mitad de la condena, que disponen de oferta de trabajo o bien que muestran una voluntad manifiesta de abonar la responsabilidad civil impuesta.

    RESPONSABILIDAD CIVIL

    Sobre la responsabilidad civil, la juez menciona en su escrito a que se han declarado insolventes, como es el caso de Zoilo Ruiz-Mateos, si bien agrega que no consta que la Fiscalía haya recurrido esta cuestión. Sin embargo, recuerda que se ha comprometido a derivar una parte de su salario al pago de la responsabilidad civil y que en los medios consta que tiene puesto en venta múltiples inmuebles para compensar a los perjudicados de la estafa.

    "En situación de tercer grado", aduce la juez, "es más simple que el penado pueda hacer frente de una forma más eficaz al pago de la responsabilidad civil, puesto que difícilmente puede ser atendido estando en cárcel en régimen ordinario". El Supremo confirmó la condena por la que debían indemnizar conjunta y solidariamente a 16 perjudicados por la operación en más de 46 millones de euros.

    Las actividades efectuadas en cárcel y la situación asociado-familiar conveniente, como la adecuación académica y laboral para la vida en libertad son otros factores clave para aprobar la semilibertad de los hijos de Ruiz-Mateos, que presentaban como único factor de inadaptación los procedimientos penales que todavía tienen por delante. La juez soluciona, sin embargo, que predomina la presunción de inocencia sin que se haya dictado por ningún tribunal una nueva orden de cárcel precautoria.

    La juez asimismo observa que la carencia de motivación de Instituciones Penitenciarias para rehusar el tercer grado propuesto por la junta de tratamiento de Aranjuez puede haberle llevado a incurrir en nulidad administrativa, recriminando el empleo de "expresiones genéricas".

    El artículo 86.4 establece que el interno con "dispositivos telemáticos adecuados" pueda continuar en el establecimiento penitenciario --un centro de inserción social-- solo a lo largo del tiempo fijado en su programa de tratamiento, con vistas a efectuar las actividades que se fijen, como entrevistas y controles presenciales.


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