Sostienen que en la residencia fumaban canutos y tomando alcohol y que no todos y cada uno de los presentes vivían en la casa

    PALMA DE MALLORCA, 27 Oct.

    Los Policías Nacionales que entraron en mayo en una residencia, tras percibir un aviso de que se estaba festejando una celebración, contaban con una autorización verbal del morador del piso, conforme ha declarado frente al juez uno de los vecinos del inmueble.

    El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antonio Garcías, tomó este lunes declaración a 2 vecinos como testigos de los hechos, que tuvieron sitio el 9 de mayo de 2020.

    En aquel instante, Mallorca estaba en la fase 0 del plan de desescalada, con lo que festejar una celebración con personas extrañas al domicilio vulneraba las limitaciones impuestas por el estado de alarma por el COVID-19.

    La declaración prestada por los vecinos corrobora la versión de los agentes, que mantuvieron que uno de los residentes del piso les había dado permiso para entrar, y que el que grabó el vídeo no vivía allá. El creador del vídeo está investigado por un delito de desobediencia tras una demanda de los agentes perjudicados y de los sindicatos Jupol y CEP.

    Uno de estos testigos escuchó de qué forma la Policía preguntaba a su vecino si tenía inconveniente en que pasasen a comprobar la residencia, y que oyó a su vecino admitir que los agentes entrasen. Conforme su relato, al cabo del rato comenzaron a subir la voz y oyeron como un chaval le afirmaba a la Policía que se fueran de la residencia. Asimismo ha apuntado que la Policía pidió repetidamente que se identificasen y se negaron.

    Este vecino ha afirmado frente al juez que la persona investigada por desobediencia, a la que se escucha discutir con la Policía en el vídeo, no radica en el domicilio, sino allá solo viven 2 personas.

    PORROS Y ALCOHOL

    Este vecino ha contado contó que no oyó la celebración, sino oyó llegar a los agentes. Quien llamó a la Policía fue una vecina del edificio anexo, sobre las 2.00 horas.

    La mujer ha detallado frente al juez que no era la primera vez que en el piso acogían visitas, y que sus residentes ya habían sido advertidos de que no podían hacerlo debido a las medidas por el COVID-19. En verdad, ha declarado que el motivo por el cual llamó a la Policía no fue el estruendos, sino más bien el incumplimiento de las limitaciones del estado de alarma.

    La mujer ha precisado que aquella noche en el piso fumaban canutos -ha indicado que los olía- y consumiendo alcohol, y que vio de qué forma escupían al piso inferior. Asimismo ha señalado que podía percibir de qué forma otros vecinos les reprendían.

    Además de esto, ha informado de que cuando se fue la Policía, en el piso prosiguieron de celebración hasta las 5.00 horas, y que les pudo escuchar en el balcón comentando lo sucedido. Asimismo ha indicado que, desde ese momento, cuando en la comunidad llaman la atención a estas personas por hacer estruendos, les responden que la culpa la tienen los vecinos "por hacerles virales".

    Con todo, esta mujer no oyó la autorización verbal del morador del piso a los agentes. Sí pudo confirmar que en la casa viven solamente 2 personas y que el encausado no radica ahí.

    VERSIÓN DE LOS AGENTES Y EL DENUNCIADO

    Los agentes y el hombre denunciado ofrecieron versiones contradictorias de de qué manera se generó la entrada en el piso.

    Los sindicatos policiales aseguran que otra persona que se identificó como residente en el piso había autorizado a los agentes a entrar. En la residencia estaba el ahora investigado, que grabó lo que ocurría con su móvil y amenazó a los agentes a irse.

    El hombre rechazó identificarse ni dejar de grabar por el hecho de que defendía que estaba en su derecho. Arguyó que no tenían una orden judicial, y negaba que se les hubiese dado permiso para entrar, con lo que en el vídeo les acusa de haber entrado "por la fuerza". En las imágenes, el hombre afirma que llevados meses viviendo en el piso, al tiempo que los policías sostienen que no es su casa.

    Los sindicatos defienden que la actuación de los agentes se ajustó "plenamente" a la ley. Las demandas asimismo atacan la publicación del vídeo en Internet, resaltando que en las imágenes aparece el semblante y cuerpo de los agentes, "dejando que estos sean de forma fácil identificados, comprometiendo de esta manera gravemente la amedrentad de los policías implicados".

    Además de esto, aseveran que el vídeo provocó "todo género de debates y comentarios", que consideran calumniosos y también injuriosos para la imagen del Cuerpo Nacional de Policía.

    Cuando el investigado fue llamado a declarar frente al juez a inicios de septiembre, se acogió a su derecho a guardar silencio.


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