Creen que en lugar de subrogar la deuda deberían haber asumido que estaban ante deudores inciertos y no buscar un sustituto

    MADRID, 11 May.

    Peritos del Banco de España han explicado frente al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso 'Sa Nostra' que el compromiso de agosto de 2008 de la caja de ahorros tirotear de adquirir participaciones de sociedades del Conjunto Martín Gual a cambio de que este entrase en la operación de Son Bordoy fue "anómala" y en consecuencia fue una "mala práctica" que no se hizo conformemente con la normativa contable que es de obligado cumplimiento para las cajas de ahorro.

    Frente a la Sección Tercera de la Sala de los Penal, que juzga a múltiples exdirectivos de la caja tirotear por una operación por la que la entidad dio el visto bueno a que Martín Gual se quedase con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca, los peritos han ratificado sus informes y han apuntado que en un caso así, donde hubo una subrogación de la deuda por esos terrenos (de los precedentes deudores cara Gual), lo que se debería haber hecho era aceptar que eran deudores inciertos y no buscar un tercero para reemplazarlos.

    "Eran claros deudores inciertos y eran un inconveniente, carece de sentido racional lógico que un banco en lugar de ejecutar la hipoteca busque un tercero que se la adquiera y encima tenga beneficios, por el hecho de que es un tratamiento completamente anómalo", han apuntado los peritos del Banco de España.

    Al hilo, han explicado que Sa Nostra debería haber efectuado además de esto una retasación del valor de los terrenos que se comprometía a quedarse y que eran de entrada de sociedades de Gual, Sepik y Paine. "En un mercado en caída los suelos debían servir mucho menos, si una compañía adquiere suelo y no retasa ese suelo..., (...) si compras a valor nominal me devuelves a mi lo que puse y se queda con la pérdida", han explicado a preguntas del Ministerio Fiscal.

    Cabe rememorar que este juicio se festeja contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y contra el empresario Javier Collado, puesto que el promotor Martín Gual ya ha fallecido. A todos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación incorrecta, subsidiario de delito continuado societario, y solicita 4 años de prisión para cada uno de ellos salvo para Collado, para quien interesa un par de años y 6 meses.

    VALOR NOMINAL

    La fiscal del caso, que al comienzo del interrogatorio se ha centrado en la operación por la que Sa Nostra se comprometía con Gual a adquirir sus participaciones en las sociedades participadas por la caja Sepik y Paine caso de que no consiguiera una compañía interesada en entrar, ha puesto el foco en que el pacto marcaba que la adquisición debía hacerse a valor nominal con lo que "la caja se hacía cargo de la devaluación de los terrenos", algo que los peritos del Banco de España han calificado de mala práctica pues se debería haber tenido en cuenta el valor contable, que oscila con el mercado.

    "Esto es un incumplimiento de la contabilidad, y lo demanda la regla contable para las entidades de crédito", han explicado, para entonces resaltar que en los términos del pacto era "imposible que alguien adquiriera a costos de la cresta de la burbuja" con lo que verdaderamente los iba a tener que adquirir la caja. Con esta afirmación no ha estado conforme otro perito de parte, quien ha recordado que en 2008 los costes del mercado no habían sufrido deterioro ni bajada puesto que el pinchazo de la burbuja se generó después.

    En cualquier caso, los peritos del Banco de España han hacho hincapié en que para la adquisición de la participación de Gual en Sepik y Paine no se efectuaron tasaciones al empleo sino se valoraron suelos no urbanizables tal y como si lo fuesen y se asignaron valores "completamente sesgados" con lo que hubo un perjuicio en la adquisición.

    Para los peritos hubiese sido una buena práctica no adquirir las participaciones de Gual en las dos sociedades, o bien cuando menos no haber firmado ese compromiso sin haber valorado los terrenos y activos de las dos sociedades. Además de esto, han explicado que al adquirir esas participaciones, Sa Nostra se quedó asimismo con las deudas que tuviesen las dos sociedades con terceros.

    Al hilo, han comentado que esta forma de actuar anormal se repitió en el caso de Son Bordoy, cuando las sociedades deudoras (FBex y también Ibercom) ceden en subrogación a las compañías de Martín Gual, "se marchan con dinero que no debían llevarse, recibiendo millones".

    EL ANALISTA QUE NO ESTABA CONFORME

    A lo largo de la comparecencia de estos peritos, se ha reiterado que la subrogación cara las compañías de Gual (Nueva Palmira y Haras) se hizo contando con un informe de peligros en el que un analista se mostraba contrario a autorizarlo. "Ponía de manifiesto que esa adquiere de suelo era a Ibercom y que a nivel de peligro ni la demandante ni la fiadora tenían suficiente capacidad de pago, las garantías propuestas eran absolutamente insuficientes", han indicado.

    De esta manera, han aseverado que la operación de subrogación (pasar la deuda de un deudor a otro) "no era aprobable" y también infringía la normativa que destaca que las cajas han de ser prudentes en el momento de otorgar créditos. Y han señalado además de esto que la adquisición de los terrenos por la parte de las sociedades de Gual se genera aun antes que la comisión ejecutiva de la caja admitiese la operación de subrogación.

    A juicio de los peritos del Banco de España, los directivos de Sa Nostra habrían tratado de obviar una situación frágil de los precedentes deudores buscando un nuevo comprador (Gual), cuando lo que verdaderamente debían haber hecho era haber retasado las garantías, dotar con fondos y reconocer pérdidas.

    Los peritos han ratificado también que el peligro amontonado por estas operaciones ascendió a 100 millones para la caja, solo en Haras 43,5 millones, y han apuntado que esa cantidad suponía un peligro "muy elevado para la caja". Además de esto han añadido que en prestamos siguientes concedidos a empresas de Gual se dio una falta de control por la parte de la entidad y que se generó una desviación de fondos en las cantidades concedidas para la financiación de la urbanización de los terrenos.

    De esta forma, han ratificado que los comités de inversión de Sa Nostra eran un mero trámite, que no hubo seguimiento de operaciones por el comité de peligros, que en el caso de haberse ceñido a la normativa se podría haber eludido una parte muy elevada del perjuicio a la caja y que se dio un trato preferente a Martín Gual desde el instante en el que se adoptan resoluciones contra los analistas de peligros.


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