La Policía Nacional estima que la cantidad engañada podría llegar a superar los 200.000 euros

    PALMA, 17 Mar.

    Agentes de la Policía Nacional detuvieron la semana pasada en Mallorca a 3 personas por integrar un conjunto delincuente que efectuaba estafas a través de la constitución de préstamos o bien líneas de crédito.

    Hasta el instante se ha acreditado una defraudación de 130.000 euros, mas los estudiosos prosiguen examinando documentos y recibiendo demandas de más perjudicados, estimando que el importe total podría superar los 200.000.

    Entre los detenidos se hallan un hombre de 37 años y su pareja, una mujer de 42 años, como el tercer miembro, un hombre de 42 años, que es el directivo de una sucursal bancaria en Mallorca.

    Conforme ha informado la Policía Nacional, desde principios de 2020 se advirtieron operaciones que consistían en la formalización fraudulenta de líneas de crédito con reconocidas entidades, en las que se usaban datos de terceras personas sin que estas tuviesen conocimiento ni hubiesen autorizado la formalización de dichas operaciones.

    Una vez efectuaban los contratos mercantiles y conseguían el dinero, dirigían trasferencias a cuentas que el conjunto delincuente manejaba y extraía el efectivo en cajeros. De igual modo se hacían compras on line, recogiendo la mercadería en diferentes direcciones de la geografía mallorquina.

    'MODUS OPERANDI'

    A lo largo de la investigación se observó la existencia de un 'modus operandi' definido por el que, teniendo acceso a documentación y datos personales de las potenciales víctimas, abrían de forma on line cuentas corrientes y pedían líneas telefónicas prepago a nombre de estas, para ahora dirigir una solicitud de línea de crédito o bien adquiere financiada a las entidades financieras. De esta manera, aportaban esta documentación lograda fraudulentamente y una nómina falsificada, a fin de dar fianza de los ingresos del que sería el titular del préstamo.

    Una vez efectuado este trámite, señalaban que se efectuasen las trasferencias a una cuenta que el conjunto manejaba a nombre de las víctimas, sin conocimiento ni autorización. Cuando conseguían el dinero, este era retirado en efectivo en cajeros.

    De igual modo efectuaban compras financiadas de modo telemático, pedido que se debía dar en una dirección facilitada, aunque eran recogidos por los investigados en la propia vía pública tras contactar con los repartidores mediante los teléfonos prepago aportados, perdiendo de este modo el indicio de la mercadería.

    OCULTACIÓN, ANONIMATO Y FUGA DE LOS DOS PRINCIPALES INVESTIGADOS

    Los estudiosos identificaron a los primordiales investigados, tratándose de una pareja establecida en Mallorca que había adoptado una serie de hábitos para asegurar su ocultación y anonimato en su vida rutinaria, sin contar con de un domicilio fijo y mudando habitualmente de vehículo.

    Al primordial investigado le constaban 6 requisitorias judiciales que interesaban su detención y ciertas de ellas su ingreso en cárcel, sin que hasta el instante fuera localizado.

    En un par de ocasiones, una en el mes de junio del año pasado y otra en el mes de febrero, cuando los 2 primordiales investigados circulaban en vehículo, en el instante que se iba a proceder a la detención, se dieron a la fuga provocando daños en automóviles policiales y también intento de atropello de 2 de los policías.

    IDENTIFICACIÓN DEL TERCER IMPLICADO

    Los agentes verificaron de qué forma en las operaciones financieras se aportaba documentación falsificada de las víctimas y que existía un punto en común de todas y cada una , concretamente, que tenían o bien habían tenido anteriormente una cuenta en una misma entidad. De esta forma, los estudiosos sospecharon que alguien de esa entidad les pudiese facilitar los datos para hacer la estafa.

    Tras una investigación, identificaron a un empleado, específicamente a un directivo de una sucursal bancaria en Mallorca, consiguiendo rastros y pruebas que le vinculaban con los hechos.

    Este tenía acceso a documentos personales de las víctimas y a más información de exactamente las mismas, todas y cada una no tenían domicilio cerca de la zona de repercusión de la sucursal en la que trabajaba. Aun ciertos perjudicados tenían vivienda fuera de Baleares, como Valencia, la villa de Madrid y otras urbes de la península.

    DETENCIONES DE LOS INVESTIGADOS

    Por último, los agentes del conjunto de Criminalidad Económica y Delitos Tecnológicos procedieron a la detención en la localidad de Sa Pobla, de los 2 primordiales investigados, el pasado martes 9 de marzo, como supuestos autores de delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad reportaje, pertenencia a conjunto delincuente, delito contra la seguridad vial, atentado a agente de la autoridad y daños.

    La Policía intervino a los detenidos dinero en efectivo y una tarjeta bancaria a nombre de una de las víctimas, entre otros muchos efectos. Los dos pasaron a predisposición judicial, decretándose su ingreso en cárcel temporal.

    Más tarde los agentes encontraron al tercer investigado, el directivo de la entidad, procediendo a su detención el pasado 11 de marzo en Manacor, como supuesto autor de delitos de estafa, falsedad reportaje, usurpación de estado civil, revelación de secretos y pertenencia a conjunto delincuente.

    ENTRADA Y REGISTRO

    Este pasado lunes, los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio de los primordiales investigados, situado en Sa Pobla, donde intervinieron abundante documentación a nombre de las víctimas y otros perjudicados de los que no se tenía perseverancia. Además de esto, hallaron 30 teléfonos móviles de gama alta, ciertos listos para su venta, relojes inteligentes, 4 televisores, 7 ordenadores portátiles, tablets, 2 placas fotovoltaicas y otros efectos.

    Asimismo se intervino una trama lectora de tarjetas bancarias, una impresora y 40 tarjetas blancas listas para su impresión.

    La investigación prosigue abierta para encontrar a más perjudicados, acreditando hasta el instante 130.000 euros engañados, aunque atendiendo a la documentación intervenida en el domicilio y el descubrimiento de más víctimas, se calcula que dicho importe superará los 200.000 euros.


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